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Varios funcionarios de la Empresa Provincial de Acopio de Sancti Spíritus malversaron las arcas de su entidad. El Tribunal Supremo Popular ratificó las penas solicitadas por la Sala Primera de […]

Varios funcionarios de la Empresa Provincial de Acopio de Sancti Spíritus malversaron las arcas de su entidad. El Tribunal Supremo Popular ratificó las penas solicitadas por la Sala Primera de lo Penal que van desde los 10 hasta los 18 años de cárcel.

Todo lo planearon como el asalto a un banco; aunque con una diferencia: el desfalco ya estaba consumado en la Empresa Provincial de Acopio (EPA) de Sancti Spíritus.

Carlos Rodríguez Rodríguez llevaba retratado en la cabeza no solo el croquis del lugar exacto donde radica la oficina de los auditores; sino, además, el dinero que recibiría por prenderle candela esa madrugada del 17 de junio del 2016.

Foto tomada de Google

Quemar los papeles y desaparecer el delito

Con el gorro de su enguatada azul encasquetado y linterna en mano, burla las medidas de protección de la sede de la empresa, ubicada en el Chambelón. Camina con tanto sigilo que parece andar sobre un fino cristal, hasta que casi se da de bruces con la persiana de madera. No le queda otra opción que arrancarle dos tablillas. Dentro permanecen las malditas pruebas incriminatorias. Quema las pruebas incriminatorias y abandona la oficina por el hueco de la ventana.

El ruido alerta a uno de los custodios. Carlos salta la cerca perimetral y no para hasta el Moskvitch, donde aguardan por él Jorge Luis Maya Rodríguez, entonces administrador del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) No. 13, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora Sancti Spíritus, y su padre, Jorge Luis Maya Soler.

Clemente Hernández director de la Empresa Provincial de Acopio fue quien descubrió la corrupción
Foto tomada de Google

El auto los lleva de vuelta a sus respectivas casas; los bomberos asumen lo suyo: extinguen las llamas; no la defraudación económica a la entidad, ascendente a 825 623.24 pesos, que derivó en la radicación de la Causa No. 174/2016 en la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular, seguida por los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, ocultación u omisión de datos, y de estragos.

Papeles perdidos, quemados o mojados

A Clemente Hernández Rojas, director general de la Empresa Provincial de Acopio, le dio mala espina ver ante sus ojos parte de los documentos, computadoras, burós… calcinados. Y sin creerse perito, empezó a armar el rompecabezas; precisamente, el día del incendio iban a discutir los resultados de una auditoría, promovida por la entidad, en la UEB Comercializadora del municipio capitalino, y más de un administrador de mercados agropecuarios estatales parecía hundido hasta el cuello.

El funcionario que no llevaba todavía un año con las riendas de la empresa de Sancti Spíritus sabía que estaba sentado en un volcán de corrupción desde que entró allí en 2015, y desde que puso un pie allí en julio del 2015: Acopio tenía una economía con un descontrol total; descontrol en las finanzas y en las cuentas por cobrar y pagar…

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En la UEB Sancti Spíritus, los auditores comprobaron que los inventarios eran harina del mismo costal de la corrupción: el faltante de carne de cerdo casi topaba las nubes, camuflado en una cuenta por pagar a la Empresa Porcina Provincial (EPP).

Para que no se repitiera la historia de hechos anteriores ocurridos en la propia entidad —cuando la documentación probatoria de supuestos delitos desapareció de la faz de la tierra o “casualmente” se mojó—, esta vez la dirección de la EPA y su auditora le sacaron copias a cuanto papel había, y los ocultaron como si se tratara del secreto mejor guardado del mundo.

Con esos ruidos, el directivo comenzó a sospechar hasta de su propia sombra y solicitó a la Delegación Provincial de la Agricultura y a la Controlaría Provincial la realización de una auditoría; pero a esa altura del año era imposible programarla, sobre todo en tiempos en que los auditores no abundan.

Foto tomada de Google

No le quedó otra elección que confiar en la competencia de sus especialistas, quienes enfilaron la mirada hacia las cuentas por cobrar y pagar; a la postre, salieron a la luz dos hechos en el Mercado Agropecuario No. 4, de la UEB Jatibonico.

Destruir las pruebas como en las películas

Los presuntos culpables no perdieron tiempo. Cruzaron llamadas telefónicas o intercambiaron de tú a tú y la mayoría acudió en la tarde-noche del 16 de junio del 2016 a Jobo Gordo, Colón, a la vivienda de Isleydi Pérez Herrera, técnica en Gestión Económica de la UEB Comercializadora Sancti Spíritus.

A la confabulación en marcha concurría Jorge Luis Maya Rodríguez, administrador del MAE 13 por esa fecha, quien, escudado en sus funciones y cargo, se agenció de productos y subproductos de carne de cerdo, recibidos de la EPP, correspondientes a 20 facturas por el valor total de 612 367.97 pesos a precio de venta, en la primera mitad del 2016, según consta en la sentencia de la causa penal.

Mientras los funcionarios de Acopio se enriquecen robando los mercados agropecuarios permanecen penosamente vacíos

Las tres facturas de igual mercancía imputadas a Elvis Lazo Cruz, al frente del MAE No. 29, sumaron 60 551.34 pesos, y las cinco atribuidas a Rediel Lorenzo Ramírez, administrador del MAE No. 2 y no presente en Jobo Gordo, totalizaron 129 849.76 pesos.

Sin embargo, aquella malversación tenía más nombres y apellidos: Isleydi Pérez Herrera e Isbelkys Betancourt Bernal, directora contable financiera de la EPA, ejes básicos para la ejecución del desfalco a la UEB Comercializadora, a través de enrevesados procederes.

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Foto tomada de Google

Aunque no asistió a la conjura que se urdía en el reparto de Colón, Ivanys Prieto Díaz, especialista comercial en la UEB Compra Venta, de la EPP, conocía hasta dónde había metido sus manos. Desde su posición, se apropió de parte de los productos cárnicos que le ofertaba a Acopio, falsificó documentación y se deshizo de otra para evadir la justicia al saber de la auditoría en curso en la EPA.

Y para esquivar la acción de la Ley, allí permanecían en Jobo Gordo, además de la dueña de la casa, Maya Soler, Lazo Cruz, Betancourt Bernal y Maya Rodríguez, entre otras personas.

Para quemar las pruebas contactaron con Carlos Rodríguez Rodríguez un joven de 21 años, quien cumplía dos años de privación de libertad, subsidiada por igual término de trabajo correccional sin internamiento, debido a un delito por lesiones, y le ofrecieron 10 000.00 pesos por el trabajo.

Corrupción colosal en Acopio

La lista de sospechosos del incendio acaecido en Acopio la encabezaron, obviamente, los más interesados en borrar las evidencias documentales del quebrantamiento de la Ley, desenmascarado por los auditores de la entidad. Sin embargo, la corrupción colosal de Acopio tiene numerosas causas y manifestaciones.

No existen control interno ni inventarios, falta supervisión y la selección de los cargos administrativos es totalmente inadecuada. Cuando los administradores “explotan” en una unidad, sencillamente los ubican en otra.

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Al final los corruptos implicados en la Causa No. 174/2016 fueron condenados  por los jueces de la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus tras probárseles el enorme desfalco a la empresa:

Jorge Luis Maya Rodríguez recibió una sanción conjunta y única a cumplir de 18 años de privación de libertad por los delitos de malversación y de estragos.

Por iguales delitos a Elvis Lazo se le condenó a de 10 años de privación de libertad; en tanto, Rediel Lorenzo fue penado a nueve años de privación de libertad por malversación.

Las encartadas Isleydi Pérez e Isbelkys Betancourt cumplirán una sanción conjunta y única de 18 años de privación de libertad cada una por malversar las arcas estatales y por el delito de estragos.

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Como consecuencia de haber falsificado documentos bancarios y de comercio como medio a fin de cometer una malversación y de haber ocultado u omitido datos, Ivanys Prieto Díaz permanecerá 10 años en la cárcel, al valorarse una condena única.

También, el Tribunal encontró culpables a Carlos Rodríguez y a Jorge Luis Maya Soler, quienes estarán encarcelados durante cuatro años cada uno por el delito de estragos, vinculado con el incendio, causante de significativos daños a la sede administrativa de la EPA, además de poner en riesgo la vida de dos analistas de turno que dormían allí el día del siniestro.

 

 

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