José Luis Escrivá pasará a la historia como el ministro cuyos sindicatos convocaron la primera huelga de la historia de la Seguridad Social.
Falta de personal, retrasos en nombramientos y reconocimiento de beneficios, cierre de oficinas e incumplimiento de acuerdos firmados con sindicatos. Por todo ello, el CSIF y CC.OO. Convocó paros parciales todos los viernes de 10:30 a 11:30 horas en el Seguro Social y paro de 24 horas el 7 de septiembre.
Las jugadas gremiales llegan tras el caos de nombramientos y gestión que sufre la Seguridad Social, una gestión que siempre se ha distinguido por el buen trato a los ciudadanos y su impecable gestión. Ahora, el sistema está en su punto más bajo, con una falta de atención que ha llegado incluso a su defensor del pueblo, Ángel Gabelondo, quien ha criticado al ministro por su nefasta gestión y le ha instado a cuidar mejor a los ciudadanos.
Sindicatos CSIF y CC.OO. Justificando el llamado a la acción “ante la situación caótica y buscando una salida a los problemas que vive la seguridad social”. Agregan que «lamentan» la decisión, pero la consideran «la única opción para restituir obligaciones serias y dignas a los empleados y brindar un buen servicio al público».
El ministro es incapaz de encontrar soluciones a un problema arraigado y ha propiciado el florecimiento de un negocio paralelo de compraventa de citas. En diez años, la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero se duplica la carga de trabajo de estos funcionarios, que son los encargados de administrar y gestionar todas las prestaciones del sistema, entre ellas cerca de diez millones de pensiones contributivas y decenas de prestaciones y prestaciones, así como un ingreso mínimo de subsistencia. . Como resultado de la escasez de personal, el año pasado se respondieron cuatro millones de llamadas.
Como solución rápida, Escrivá ofreció seis euros por cita a los funcionarios que decidieran trabajar horas extras para agilizar el proceso de atención a los ciudadanos. Todo ello a la espera de los 2.000 trabajadores temporales que los sindicatos, ahora en pie de guerra, prometieron integrar. Los sindicatos se quejan de que más temporalidad hará subir la ratio al 18% en los directivos, y que el titular de la seguridad social está reñido con las directrices europeas con estas decisiones.
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