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El gobierno de Donald Trump activará desde el 2 de mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras […]

El gobierno de Donald Trump activará desde el 2 de mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, anunció este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.

“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, dijo Pompeo a la prensa.

La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana y un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas.

El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder. Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que se les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.

“Esas oportunidades de justicia para los ciudadanos han estado fuera de nuestro alcance durante dos décadas”, declaró Pompeo.

La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, agregó que no habrá exenciones. Según aclaró, Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre esta sección de la ley que se mantenía inactiva desde hace dos décadas.

El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en Twitter que “Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los REGÍMENES que apoyan la fallida dictadura de Maduro”.

La nueva política en contra de La Habana podría asestar un duro golpe a los esfuerzos de Cuba para atraer inversión extranjera, y generar disputas comerciales entre Estados Unidos y Europa.

El anuncio era anticipado, provocando respuestas airadas en Canadá y Europa, cuyos gobiernos se comprometieron a proteger sus negocios de posibles demandas judiciales estadounidenses.

La portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba. Celaá no se explayó sobre la forma que podría adoptar el apoyo del gobierno español.

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España tiene grandes inversiones en hoteles y otros sectores relacionados con el turismo en Cuba.

Tras el anuncio, se prevé que el asesor estadounidense de seguridad nacional John Bolton discuta la nueva política durante un discurso en Miami, en donde residen miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos se realizará en el 58vo aniversario de la fallida invasión estadounidense a la isla, en un intento de derrocar al gobierno cubano.

La ley de 1996 les otorga a los estadounidenses el derecho a demandar a las compañías, en su mayoría europeas, que operan hoteles, fábricas de tabaco, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomó el poder. Incluso permite las demandas de cubanos que se nacionalizaron estadounidenses años después de que sus propiedades fueron expropiadas.

Canadá, Francia, España, Gran Bretaña y otros países con grandes inversiones en Cuba han manifestado su rechazo a la ley y amenazado con demandar ante la Organización Mundial de Comercio en caso de que Washington intente interferir con los vínculos comerciales entre Cuba y alguna otra nación soberana.

Las aerolíneas y cruceros estadounidenses que llevan a cientos de miles de viajeros a Cuba cada año, aparentemente estarían exentas.

Cada presidente estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una cláusula de la ley para evitar esas disputas comerciales y las posibles demandas en masa que evitarían cualquier acuerdo a futuro con Cuba sobre las propiedades nacionalizadas. Cuba ha indicado que está dispuesta a reembolsar a los dueños de las propiedades confiscadas, pero sólo si el gobierno comunista también es reembolsado por los miles de millones de dólares en daños generados por las seis décadas de embargo comercial estadounidense.

El anuncio se hizo en un momento de grave debilidad económica en Cuba, que pasa apuros para encontrar fondos suficientes para importar alimentos básicos y otros suministros después de la caída en la ayuda proveniente de Venezuela y una serie de años negativos en otros sectores económicos.

Las inversiones extranjeras han aumentado ligeramente en Cuba en los últimos años, pero permanecen muy por debajo de los niveles necesarios para recapitalizar la dilapidada infraestructura de la isla.

No se prevé que la decisión del gobierno de Trump ahuyente a algunos de los principales inversionistas extranjeros, como la compañía francesa Pernod-Ricard, fabricante del ron Havana Club, o las cadenas hoteleras españolas Meliá o Iberostar, pero podría representar un enorme obstáculo para nuevas inversiones de compañías del exterior.

Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que el gobierno también planea comenzar a ejercer una parte de la ley que le permite a Estados Unidos rechazar visas a cubanos y ciudadanos de otros países involucrados en operaciones comerciales en propiedades confiscadas.

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