martes, 25 de julio de 2023, 12:28
Un grupo de empresarios de Puerto Banús va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que certifica sus arrendamientos de terrazas. Tras la sentencia de la Audiencia Regional de Málaga, que reconoce la propiedad privada de las calles de La Marsa, los empresarios locales afirman que el caso está «sin resolver» ya que aún quedan tres procesos judiciales abiertos. Esta es una disputa que lleva varios años y se han dictado muchos juicios a favor y en contra de estas empresas.
Como informó SUR anteriormente, este nuevo fallo del máximo tribunal del condado se suma a «alrededor de dos docenas» de fallos judiciales confirmados que validan las rentas, según representantes de La Marsa. Sin embargo, los comerciantes pretenden ‘seguir defendiendo [their] intereses”, según explicó Belmis Abogados, los representantes de los inquilinos en este conflicto que comenzó en 2019.
El despacho de abogados señaló que la sentencia será apelada ante el Tribunal Supremo porque los comerciantes no están satisfechos con los argumentos de la última sentencia. “Con todo respeto, consideramos que el criterio de la Audiencia Provincial no fue correcto, al no tener en cuenta la prueba que se utilizó en la sentencia de primera instancia, un certificado emitido por el Ayuntamiento de Marbella acreditando que se trata de una vía pública”.
«puramente comercial»
La empresa continuó: “Nos sorprendió que el juzgado de distrito dijera que el estado de la vía pública es cuestionable. Es un hecho probado, un documento emitido por una administración pública, que es la única que puede certificar la calificación urbanística, pero la sentencia dice que eso no es suficiente”.
Para Balms Abogados, el caso está «sin resolver» ya que hay tres procesos judiciales abiertos en la vía administrativa. Dicen que en uno de ellos se pide al juzgado que haga cumplir el acuerdo del cabildo celebrado en 1995, que declara el carácter y uso del dominio público en las avenidas y terrazas de Puerto Banús. Resaltaron que “esto resolvería el asunto de una vez por todas, y la intención de los comerciantes es seguir defendiendo sus intereses”.
El conflicto comenzó en 2019 tras una denuncia de varios inquilinos que consideraban que sus balcones ocupan vías públicas en lugar de privadas, y por lo tanto el alquiler no sería válido. Marina explicó que “el origen de esta disputa no es jurídico, sino puramente comercial”, e insistió en que esta sentencia “resuelve claramente el tema, reconoce el campo a favor del puerto y da seguridad jurídica para su comercialización”.
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