La violencia y el conflicto deben ser un tema prioritario para Estados Unidos en Colombia. Ha habido algunos desarrollos prometedores en las últimas semanas que deberían impulsar a los legisladores estadounidenses a intensificar los esfuerzos para promover la paz..
El 9 de julio de 2023, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió al gobierno de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por planificar implementar un alto el fuego bilateral durante seis meses a partir del 3 de agosto. El secretario general Guterres dijo que confirmaba la voluntad política de ambas partes para avanzar en la paz y agregó que «estos son pasos importantes que dan esperanza al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades más afectadas por el conflicto».
Durante décadas, los gobiernos colombianos han intentado y fracasado en negociar con el ELN. La ruptura de las conversaciones con el gobierno de Duque en enero de 2019 resultó en violencia y desconfianza continuas en las comunidades que viven en áreas donde las fuerzas guerrilleras permanecen en Colombia desde hace mucho tiempo. El ELN cuenta con 2.350 combatientes y opera principalmente en la frontera colombo-venezolana, Arauca, Catamboo, Soco y otras partes de la región del Pacífico.
El 21 de noviembre de 2022, la administración Petro reanudó las negociaciones con el ELN. Luego de la segunda ronda de negociaciones en México, las partes acordaron una agenda enfocada en: participación comunitaria en la construcción de paz, democracia por la paz, transiciones por la paz, víctimas, fin del conflicto armado y un plan general para implementar lo acordado entre el gobierno colombiano y el ELN. Noruega, Cuba y Venezuela son los países garantes iniciales. Brasil, Chile y México fueron invitados a sumarse al grupo de garantes. Alemania, Suiza, Suecia, España y posiblemente Sudáfrica han sido invitados a unirse al proceso.
El tercer ciclo recién concluido en Cuba es histórico, el más difícil para cualquier gobierno entablar conversaciones de paz desde 1975. Del 9 de junio al 5 de julio fue la fase preparatoria, en la que se decidió quién verificaría las negociaciones y redactaría los protocolos para el cese al fuego. El gobierno, el ELN, la Iglesia Católica y Naciones Unidas liderarán el mecanismo de verificación y seguimiento del cese al fuego. Ambas partes acordaron negociar primero antes de responder militarmente a cualquier violación del alto el fuego. El mecanismo normativo se implementará a nivel nacional, regional y local. Será financiado por el Fondo de Proyectos Especiales para la Paz.
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