Mañana martes 13 de junio, a tres meses de la entrada en vigencia de la ley, todas las empresas con más de 250 trabajadores deberán contar con un sistema de información interno en su organización, a través del cual podrán presentar denuncias de incumplimientos normativos. Este canal de denuncia también debe contar con un sistema de protección de denunciantes. El objetivo es garantizar que los denunciantes sean completamente anónimos y no puedan sufrir represalias.
Las empresas de 50 o más empleados tendrán un plazo mayor, es decir, hasta el 1 de diciembre de este año.
No importa cuántos empleados, no importa qué corporaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como aquellas instituciones que dependan de ellos, siempre que tengan acceso a dinero público para su financiamiento, deben contar con un sistema interno de denuncias. .
El régimen sancionador previsto en la ley es una infracción muy grave de incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema de información interno, imponiéndose una multa que oscila entre 600.001 € y 1 millón de €, en el caso de personas jurídicas.
Esta ley traslada la Directiva europea, comúnmente conocida como Whistleblowing, basada en la Directiva anglosajona que durante años ha regulado la protección de los «whistleblowers», los denunciantes.
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