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La compañía Meliá Hotels acaba de apuntarse su primera victoria en corte tras ser desestimada la demanda en su contra interpuesta por a familia cubana Sánchez Hill, quien reclamaban una indemnización millonaria por la explotación de dos hoteles en Cuba que están construidos en una finca que les perteneció hasta 1960, cuando fue expropiada por el régimen del Fidel Castro.

Según trascendió esta mañana a la prensa, la magistrada que preside el tribunal numero 24 de Palma de Mallorca, donde se interpuso el litigio, dio carpetazo y declaró que los juzgados mallorquines no tienen ninguna competencia legal para poder resolver una caso que es derivado del proceso revolucionario ocurrido en otro país, y en el que se afectarían propiedades pertenecientes al Estado cubano, quien gestiona como accionista mayoritario la propiedad de los dos hoteles en cuestión a través de la empresa estatal Gaviota S.A., manejada por las Fuerzas Armadas cubanas.

La familia Sánchez Hill reclamaba en su demanda el pago por parte de Meliá de 10 millones de euros, basándose en el supuesto enriquecimiento de esta compañía por el uso y explotación de un bien de origen ilícito.

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Sin embargo, la sentencia aun no es definitiva, pues los abogados de la parte demandante pueden recurrir el fallo ante la Audencia de Palma de Mallorca.

La demanda millonario interpuesta por esta familia de exiliados cubanos también ha sido presentada en Estados Unidos contra Meliá Hotels International, acusando de igual forma a la compañía de lucrarse en los últimos 20 años con dos hoteles que fueron levantados en la nación caribeña sobre los restos de un ingenio que en el año 1960 fue expropiado por la Revolución cubana.

La sentencia de la parte española declara que los juzgados españoles no posee competencia legal para entender «un litigio derivado de un acto soberano de un estado, la expropiación de la hacienda por el Gobierno cubano, y donde también aparece como parte interesada el estado cubano, propietario de los terrenos y los hoteles».

En definitiva, la Jueza considera que las pretensiones de la parte actora se fundamentan en la valoración jurídica de actos realizados por un sujeto protegido por la inmunidad de jurisdicción, Cuba, en el marco de su soberanía. Por esto explica que “por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la LOPJ, los tribunales civiles españoles no tienen jurisdicción para conocer de la demanda que ha dado lugar al presente pleito”. Además, como se trata de un bien propiedad de un Estado “ostenta también inmunidad de jurisdicción”.

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