Durante las lecciones de natación, el acusado jugó con algunos de los niños, agarró sus genitales y los arrastró al agua, escuchó el tribunal, y obligó a algunas de las víctimas a permanecer desnudas frente a él como una «prueba de fe».
En 2016, un tribunal eclesiástico destituyó al sacerdote tras recibir denuncias por su conducta y lo remitió a los tribunales civiles. En 2020 fue declarado culpable de agresión sexual y condenado a 30 años de prisión.
El exsacerdote apeló ante el Tribunal Supremo, que ratificó un fallo anterior el martes, lo multó con 52.920 euros (53.000 dólares) y le ordenó pagar 2.000 euros de indemnización a cada víctima.
Una asociación que representa a los menores abusados por sacerdotes, ANIR, acogió con satisfacción el veredicto.
“No solemos ver estas oraciones largas. La Corte Suprema ha reducido anteriormente algunas sentencias. Los sacerdotes rara vez van a prisión en España. (La decisión) creo que abre el camino para que se convierta en rutina”, dijo la fundadora de ANIR, Ana Cuevas, a The Associated Press.
El abuso sexual de menores por parte de miembros de instituciones eclesiásticas es un problema muy arraigado en la España tradicionalmente católica. El defensor del pueblo del país presentó el martes un informe preliminar de un panel de expertos designado por el parlamento para investigar tales casos.
El grupo dijo que investigó 201 denuncias en sus primeros dos meses, la mayoría de ellas de hombres.
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