El Estado español recaudó 54.749 millones de euros a marzo, casi 10.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado. Ello a pesar de que el PIB creció posteriormente un 2,2% respecto al trimestre anterior, mientras que este año apenas ha crecido tres décimas.
El histórico repunte de la inflación llena las arcas públicas gracias a que la recaudación tributaria en el primer trimestre alcanzó niveles récord, tras crecer un 20%. Incremento centrado principalmente en el impuesto sobre el valor añadido, aunque ha disminuido el tipo aplicado a las facturas de la luz vigente desde finales de 2021. Así como en el IRPF por el aumento paulatino de los salarios para compensar la subida de precios. Más aún tras la controvertida decisión de Hacienda de no desinflar -actualizar con la inflación- ni las tasas, ni el mínimo personal, ni los gastos empresariales deducidos en este impuesto en un contexto tan inflacionario. Esto explica por qué los ingresos por esta fuente han aumentado en los últimos años.
Este margen adicional es utilizado por el gobierno para financiar medidas para mitigar el impacto de la crisis de guerra en la economía española. Estos incluyen subsidios a los combustibles, extender los recortes de impuestos a la electricidad, aumentar los impuestos mínimos vitales y ayudar a los sectores más afectados por la invasión rusa de Ucrania. Pero también, por supuesto, para aumentar el gasto burocrático e improductivo.
Con la economía ralentizada por el desplome del consumo, ya que el Gobierno ha tenido que adaptarse a su nueva previsión, y la pérdida de fuerza en la contratación, parece urgente aliviar la creciente presión financiera sobre familias y empresas a causa de la inflación.
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