Colombia vive uno de los conflictos armados más largos del mundo. En 2016 se firmó un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ejército del Pueblo o FARC) en La Habana, Cuba, para poner fin a más de 50 años de guerra civil armada. A pesar de este hecho histórico, la violencia en el país continúa sin cesar.
Según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), al menos 22 líderes comunitarios y activistas de derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el tratado de paz en 2022 y 1303. Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó un informe que muestra que 72.300 personas serán desplazadas internamente para 2021.
Con estadísticas tan impactantes, tenemos que admitir con gran dolor que Colombia no es un país pacífico. Desafortunadamente, la paz no es una buena noticia y es un mal negocio para quienes se benefician de la guerra. ¿Quiénes son los responsables de las inaceptables muertes de más de 970 líderes comunitarios que han sido asesinados en los últimos cuatro años? Herederos de las FARC, ELN, las llamadas «Fuerzas de Defensa de Colombia» (AGC), la «Tribu del Golfo» o las «Águilas Negras».
¿Cuál es el crimen atroz que cometen estos hombres (sindicalistas, defensores de derechos humanos, afrodescendientes, defensores de la tierra, tribales y campesinos) que son amenazados y asesinados sin control? Oponerse a la minería ilegal, ir en contra de los cultivos ilegales, defender los derechos humanos y denunciar la corrupción son los «delitos» que les han acusado los grupos armados.
El presidente Evan Duke y su gobierno, que dicen que están trabajando incansablemente para implementar el acuerdo de paz, no están protegiendo a los activistas y defensores de los derechos humanos. En un silencio casi comprensivo, vemos a un líder comunitario siendo asesinado día a día sin mucha acción por parte del gobierno.
La activista de derechos humanos Loos Marina Artega fue asesinada el 17 de enero tras cinco días desaparecida. Ha estado a cargo de las operaciones de seguridad de la División de Seguridad Nacional (UNP) desde abril de 2019. Amnistía Internacional ha informado anteriormente sobre las políticas fallidas de prevención y protección del gobierno para la protección de los defensores de los derechos humanos en Colombia.
La misma organización dice que Colombia sigue siendo el país más peligroso para los defensores de derechos humanos en América Latina y, en los últimos años, Front Line Defenders y Global Witness han clasificado sistemáticamente a Colombia como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos en el mundo.
A pesar de estas advertencias internacionales y cifras peligrosas, el gobierno colombiano no ha mostrado un fuerte compromiso para proteger a quienes pretenden construir una nación pacífica y proteger los derechos humanos. ¿Cuántas muertes están esperando para tomar medidas?
Angelo Cardona es un emprendedor social colombiano, activista por la paz y los derechos humanos. Es el representante latinoamericano del International Peace Bureau. Co-fundador y presidente de la Alianza Iberoamericana por la Paz y Embajador de la Paz para la Cadena Global de la Paz
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