Amnistía Internacional dijo en una carta abierta hoy que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe condenar los abusos de derechos humanos y los crímenes cometidos bajo el derecho internacional por miembros de las fuerzas de seguridad colombianas.
«La comunidad internacional no puede ser un mero espectador de la grave crisis de derechos humanos en Colombia. Los Estados miembros de la OEA deben actuar sobre el principio de responsabilidad compartida para garantizar los derechos humanos», dijo Erica Guevara-Rosas, directora estadounidense de Amnistía Internacional.
En una carta a los estados miembros de la OEA, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación en Colombia y su silencio hasta el momento.
Amnistía Internacional ha estado monitoreando la situación de los derechos humanos en Colombia desde que comenzaron las protestas el 28 de abril. Hasta la fecha, las organizaciones de la sociedad civil colombiana estiman que 43 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, con 1.445 casos adicionales retenidos arbitrariamente, 47 con lesiones en los ojos y 22 con casos de violencia sexual.
La comunidad internacional no puede ser un mero espectador de la grave crisis de derechos humanos en Colombia.
Ha habido frecuentes informes de abusos contra los derechos humanos y violencia por parte de civiles armados, a menudo junto con la policía, contra manifestantes. En Galle, ciudad que ha sido centro de protestas desde el viernes 28 de mayo, 14 murieron y 98 resultaron heridos En un ambiente de opresión y violencia.
«A la luz de los numerosos abusos contra los derechos humanos condenados en Galle y en otros lugares este fin de semana, la respuesta militarizada del presidente Evan Duke envía el mensaje falso y satisfactorio de que se tolerarán los abusos contra los derechos humanos», concluyó Erica Guevara-Rosas.
Dado que la OEA es el principal organismo multilateral de Estados Unidos, Amnistía Internacional exige que se tomen todas las medidas necesarias al más alto nivel para garantizar que la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos reciba la aprobación de las autoridades colombianas. Reporta visitas in loco y posteriormente a organizaciones políticas de la OEA.
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