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En su afán de controlar más a la pequeña empresa, las autoridades cubanas continúan emitiendo nuevas disposiciones que complican y aprietan el accionar de los emprendedores para el otorgamiento de […]

En su afán de controlar más a la pequeña empresa, las autoridades cubanas continúan emitiendo nuevas disposiciones que complican y aprietan el accionar de los emprendedores para el otorgamiento de licencias sanitarias.

En esta línea se encuentran las regulaciones recién dadas a conocer que disponen que los que se desempeñan como panadero – dulcero, prestan servicio en bares o se dedican a pelar frutas deberán obtener una certificación sanitaria del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

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Según ha trascendido en medios de la Isla, la nueva disposición se dio a conocer a los titulares de estas licencias en los “seminarios de capacitación” que, con el objetivo de dorar la píldora, están desarrollando las autoridades por toda la Isla.

Los titulares de las licencias antes mencionadas se unen así a la decena de actividades a las que ya se les exigía la licencia sanitaria, por lo que serán sometidos a inspecciones que verificarán en el lugar del ejercicio las condiciones higiénico – sanitarias de los locales, la procedencia de la materia prima y la disposición de los residuos.

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En esta nueva norma jurídica – 179 del 2 de julio de 2018 – se establece bien claro que para obtener las licencias sanitarias los pequeños empresarios tendrán que demostrar a las autoridades competentes su plenitud física y mental, la garantía de un abasto de agua (muy difícil de conseguir, por ejemplo en las provincias orientales) y la calidad de instrumentos de trabajo, depósito de residuos y locales de trabajo.

Ante cualquier violación, los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología tendrán la facultad legal de retirar las licencias a los pequeños empresarios.

Las medidas se justifican por las autoridades ante la necesidad de preservar la salud de los clientes, evitar la proliferación de enfermedades y prevenir las intoxicaciones masivas.

Particularmente perjudicados por el incremento de las medidas de fiscalización se verán los productores y vendedores de ahumados u otros productos que requieran la utilización de colorantes, aditivos y preservantes; pues sólo serán autorizados a ejercer la actividad aquellos que puedan demostrar con pruebas de laboratorio y ante los responsables sanitarios la idoneidad de los productos utilizados en el proceso de elaboración.

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