Tras la muerte de Franco, la familia siguió disfrutando de la propiedad con algunas preguntas hasta 2008, cuando fue declarada Bien de Interés Cultural y tuvo que abrirla para visitas públicas, algo que fueron criticados por no organizarse adecuadamente y luego ceder la responsabilidad. a la Fundación Francisco Franco (FFF), donde sus guías turísticos celebraban al dictador fascista.
En 2018, los herederos de Franco, Pazo, pusieron a la venta a un precio de 8 millones de euros, y diversos organismos gubernamentales se trasladaron a la disputa por la titularidad de un inmueble que fue ampliado y mantenido con fondos públicos durante la vida del dictador. El pasado mes de septiembre, un juez de la ciudad de A Coruña dictaminó que la propiedad no es propiedad personal del dictador, por lo que no puede pasar legalmente a sus herederos.
Franco sostiene que el caso de la propiedad «no es en blanco y negro», pero no confía en que los jueces de la Corte Suprema de España falten a favor de la familia en la apelación.
«El gobierno hace todo lo posible por controlar el poder judicial y utilizar cualquier subterfugio legal para que pueda tomar lo que no le pertenece. Creo que los jueces tomarán el camino fácil y estarán de acuerdo con los tribunales inferiores. España es un país de cobardes». «
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