Fernando González Urbanega | España tiene un problema de empleo crítico y fundamental: altas tasas de desempleo crónico e inseguridad laboral. Ambas se encuentran entre las principales causas de una desigualdad vergonzosa y es una de las peores de Europa. Luego, para complicar las soluciones, surge el problema del elevado déficit público, que se ha incrementado durante la última década como un inevitable inevitable. Una deuda agravada por su dependencia del financiamiento externo con tendencia a la inestabilidad. En el centro de esta deuda se encuentra el déficit crónico acumulado durante la última década en el sistema de pensiones, que aumenta su déficit cada año.
El sistema de pensiones español funciona bien, es eficiente e incluso generoso en comparación con otros sistemas. Es necesario mitigar la desigualdad. Pero las pensiones están en el centro del debate sobre la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas españolas en la eurozona. Por eso los socios europeos están tan preocupados y piden reformas inteligentes y urgentes. El discurso de la ministra Escreva en Bruselas es creíble y parece solvente; Pero tiene que hacer la transición de la música al teatro para trabajar. Este paso es complicado porque parece chocar con obstáculos e intereses insuperables.
La ministra propone una reforma que la profesora Elisa Chulia califica de «reforma parcial» que me recuerda la llamada reforma silenciosa que propugnaba el terrateniente Flores de Lemos a principios del siglo XX para España. (La obra reciente de Chuliá de Círculo Cívico de Opinión, que publicamos como reportaje en este número, se puede ver íntegramente en la web de Círculo)
Esta reforma silenciosa no se logró porque la aristocracia y la burguesía española, egoísta y ciega, se lo impidieron, considerando que pagar impuestos era una «obsesión catastrófica» para liberales y socialistas. Ahora son los sindicatos y otros grupos de interés y grupos ideológicos los que están frenando la reforma de las pensiones que sería sostenible y viable si se hicieran las reformas necesarias. Si no lo hace, nos encaminaremos hacia una crisis con graves consecuencias sociales.
El ministro de Pensiones, a pesar de contar con el apoyo de Bruselas y el primer ministro Sánchez, no fue tan fuerte, claro y convincente como cabría esperar. Las reformas precisas y específicas que insinúa son buenas, necesarias y deseables. Pero una reforma parcial puede producir la misma frustración que la reforma silenciosa de Floris de Lemmos.
No reformar el sistema es condenarlo al fracaso, que es histórico y fatal. Europa no está hoy en condiciones de imponer reformas innegociables. Pero despertar la desconfianza en él tendrá un gran coste para la sociedad española. Y precisamente cuando necesitamos con urgencia la solidaridad de socios que están decididos a brindar apoyo para la convergencia en una empresa conjunta.
La pieza de la pensión es una reparación imprescindible y urgente para mantener un sistema probado. El ministro actual es consciente del problema y sabe lo que hay que arreglar. Sin embargo, no tomó la decisión de hacerse cargo en un momento crítico, cuando aún podía sostenerse la orden. Las propuestas de la Carta de Toledo tienen un retraso de 10 años y son claramente insuficientes. Y exigir la sostenibilidad con transferencias anuales del presupuesto estatal es arriesgado. Pan hoy y hambre de mañana.
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