Luis Alcaide | En la mayoría de los estados europeos se ha abolido el impuesto sobre el patrimonio. Solo Francia lo ha mantenido para el contribuyente, pero sin asfixiar físicamente al contribuyente. Otra cosa son los impuestos municipales sobre la tenencia de la propiedad, que existen en casi todo el mundo.
Estos últimos son claves para los presupuestos locales, a partir de la ocupación de un espacio municipal ya cambio de los servicios de policía y vigilancia inmobiliaria, policía municipal, bomberos. Además, la protección del medio ambiente evitando la presencia de ruidos o cualquier actividad que perturbe la vida de los vecinos. En Suiza, estos requisitos son escrupulosos. En la Europa más próspera no existe tributación sobre los bienes inmuebles, aunque las tasas municipales son más elevadas que en España.
El argumento a favor de la abolición del impuesto sobre el patrimonio tiene dos explicaciones principales. En primer lugar, están los propietarios de pymes, por ejemplo, cuya viabilidad depende de las vicisitudes del mercado. Tendrían que soportar una carga fiscal adicional a la del impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los dividendos. Esto equivaldría a una doble imposición.
En segundo lugar, cuando se transmiten activos, por ejemplo, la empresa a los herederos, se observó, especialmente en Alemania, que los herederos eran reacios a continuar con el negocio. Pero nadie quería pegarse un tiro en el pie, como dicen los anglosajones.
En España, en los primeros años de la democracia, las autoridades fiscales, que habían estado en un limbo fiscal secular, querían cotejar la declaración de impuestos con el patrimonio del contribuyente.
En Estados Unidos y la Unión Europea, el impuesto sobre el patrimonio, así como el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, son impuestos federales o nacionales, si se prefiere, y su regulación no está delegada a ninguna entidad territorial. En España, sin embargo, se incorporó al proceso autonómico autonómico. Como resultado, existen diferencias impositivas entre territorios. Aquellos con gastos más bajos o una base impositiva más amplia podrían ofrecer más fácilmente generosidad fiscal a sus residentes. Todas las comunidades autónomas tienen competencia delegada en materia de educación y sanidad. No ocurre lo mismo con la provisión de infraestructura. Madrid, por ejemplo, cuenta con el aeropuerto más importante de España o el principal nudo ferroviario. Ambas estructuras se pagan con impuestos estatales.
Estas diferencias tributarias derivadas de hechos objetivos permiten una enorme discriminación en la tributación de la propiedad. Un extranjero que decida vivir en Andalucía y cuyo patrimonio universal ascienda a 10,7 millones de euros pagaría un impuesto anual de 183.670 euros. Mientras tanto, un extranjero que decida vivir en Madrid, Lisboa o el Algarve portugués estaría exento de esta tributación.
Los andaluces son altivos
En el caso de Andalucía hay un argumento adicional. En efecto, desde la fallida reforma agraria y la continuación del latifundio, existe una diferencia abismal entre la gente noble y los artesanos. Sin embargo, en Andalucía estas desigualdades se han corregido con la mejora de las rentas de las clases trabajadoras y medias. Muchos andaluces se han convertido en terratenientes. Quizás una explicación más de por qué el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, obtuvieron la mayoría sobre el PSOE.
Andalucía cuenta ya con todos los requisitos de un auténtico polo de atracción de inversores extranjeros. Naturalmente, cuanto más ricos o más descarados sean, más formas encontrarán de defenderse. Vivirán en Andalucía y se registrarán en Madrid, por ejemplo, o llevarán sus ricas inversiones a Portugal.
Cuando el PSOE de Felipe González ganó las elecciones por mayoría absoluta, tras el Tejerazo (Golpe de febrero de 1981) no hay que olvidar que el secretario general socialista había rechazado alto y claro el marxismo, es decir, el comunismo estalinista. Sin embargo, en su tierra natal, las diferencias históricas del patrimonio no podían olvidarse. A estas alturas, quizás al Gobierno de Pedro Sánchez no le resulte fácil suprimir el impuesto sobre el patrimonio y alinearse con la fiscalidad en otros países de la UE. Habrá resistencia de la izquierda o de quienes exigen más poderes autónomos. ¿Nos pegaremos un tiro en el pie?
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