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Tras finalizar en La Habana las audiencias contra los acusados de falsificar cambios de dirección en La Habana, estos temen que las autoridades los sometan a duras condenas como escarmiento. […]

Tras finalizar en La Habana las audiencias contra los acusados de falsificar cambios de dirección en La Habana, estos temen que las autoridades los sometan a duras condenas como escarmiento.

Los implicados (oficinistas de Vivienda y ciudadanos) están acusados de utilizar los servicios de la red para cambiar direcciones de residentes en otras regiones del país hacia la capital cubana.

La llamada “Red del Cerro” – a la que acudían los acusados para lograr su dirección en La Habana – cayó a finales de 2016, pocos días antes de que el entonces presidente Raúl Castro hiciera un llamado en la Asamblea Nacional a castigar con firmeza todas las manifestaciones de corrupción.

Enjuician en La Habana a más de 20 cubanos implicados en una red de falsificación de documentos migratorios

Este llamado del expresidente, considera una de las abogadas, fue clave para que la fiscalía endureciera su posición contra los acusados y pretenda dar a su juicio un carácter de “ejemplarizante”.

La letrada teme que los jueces se cieguen y apliquen la ley a rajatabla sin tomar en consideración los atenuantes de las personas que acudieron a los funcionarios corruptos.

Estas pudieran recibir hasta tres años de prisión por sobornarlos, a pesar de que en sus declaraciones han sostenido que siempre creyeron pagar por agilizar los engorrosos trámites burocráticos y no “por falsificar documentos”.

En la Causa 41/18 vista en el Tribunal Provincial de La Habana aparecen acusadas más de 20 personas entre “proveedores” y “solicitantes”. Ninguno tiene antecedentes penales y en la mayoría son jóvenes con educación superior.

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La fiscalía pide para ellos tres años de prisión sin internamiento, acusándolos de cohecho y falsificación de documentos; los mismos cargos que pesan sobre la Red del Cerro, cuyos integrantes podrían recibir entre ocho y 15 años de privación de libertad.

La fiscalía pide para ellos tres años de prisión sin internamiento, acusándolos de cohecho y falsificación de documentos

Los acusados reconocen la acusación de cohecho, pues sabían que estaban pagando por algo que era ilegal; pero que se les impute por falsificación de documentos lo consideran completamente injusto.

Según sus declaraciones, creyeron siempre que pagaban por la agilización de los trámites y no por que se falsificaran los documentos. Afirman haber sido timados por los funcionarios de Vivienda de la Red del Cerro.

Un juicio de este tipo, con tantas personas involucradas resulta poco habitual en Cuba; y todo parece indicar que con él se pretende hacer un escarmiento contra los corruptos (que infectan las entidades estatales) y los corruptores (que solicitan sus servicios).

Sin embargo, los acusados, si bien reconocen su culpa en el cohecho, consideran inadmisible que se les quiera tomar como ejemplo endilgándoles acusaciones improcedentes.

La Fiscalía presentó testigos para explicar la forma en que se falsificaban los documentos

La Red del Cerro

La Red del Cerro, descubierta a finales de 2016 y que se dedicaba a la falsificación de documentos para cambiar direcciones del interior del país hacia La Habana estaba liderada por tres mujeres: Iluminada Machado, funcionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana; Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro y la técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García, quien se suicidó en noviembre de 2016. A las dos primeras la Fiscalía les pide, respectivamente, ocho y 15 años de prisión.

El crecimiento de los casos de corrupción entre los funcionarios públicos fue reconocido en la Asamblea Nacional por el jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Biliardo Amaro, quien expresó que a partir de los años 90 y los 2000, la corrupción ha tenido un “incremento cuantitativo permanente”.

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