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El Gobierno cubano pretende terminar con el maltrato al consumidor en la Isla mediante una nueva legislación que elimine la “dispersión legislativa” informaron medios oficiales en la Isla. Esta nueva […]

El Gobierno cubano pretende terminar con el maltrato al consumidor en la Isla mediante una nueva legislación que elimine la “dispersión legislativa” informaron medios oficiales en la Isla.

Esta nueva legislación, según la autoridades cubanas,  arrojará “nuevas luces” sobre la futura Ley cuyo objetivo será frenar “la tendencia creciente” a la estafa y la violación de los derechos del cliente que sufren los habitantes de la Isla en el comercio interno; un problema de vieja data en Cuba.

La Resolución 54 de 2018 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) entrará en vigor 30 días después de que sea publicada en la Gaceta Oficial. La fortaleza fundamental de esta Resolución según los medios cubanos radica en su “capacidad de recopilar en un documento todo aquello que estaba disperso” en numerosas normativas.

El nuevo reglamento es la respuesta que ha encontrado el Ejecutivo cubano para tratar de responder a las múltiples quejas que contra el incumplimiento de los horarios de venta, el maltrato de los vendedores y el desabastecimiento de las tiendas estatales existen en el comercio interior del país.

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Todo lo anterior agrega presión a la difícil vida que llevan los cubanos, marcada por los bajos salarios de la mayoría, que no exceden los 30 dólares al mes.

La sección “Cartas” del periódico oficial Granma se ha convertido en una especie de tribuna pública en la que los cubanos ventilan su descontento y socializan sus quejas contra el abuso y el robo de que son víctimas a diario en los comercios.

Desde precios cambiados (siempre a favor del vendedor) – pasando por las ofertas gastronómicas que no cumplen con los gramajes establecidos – hasta productos cárnicos a los que se les agrega agua para recongelarlos y aumentar su peso, todo lo ha padecido el cubano por muchos años.

Ahora la Resolución 54 del MINCIN, explican los directivos de Comercio dejará bien claros los derechos de los consumidores, que antes no estaban explícitos en ninguna parte; y determinará las obligaciones generales de los proveedores de productos y servicios.

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Estipula el nuevo reglamento que los clientes deben recibir las mercancías y servicios con calidad; deben tener garantizados el oportuno abastecimiento a los bienes de primera necesidad y la protección de sus “intereses económicos”. Hace énfasis, además, en que los artículos que adquieran tengan una adecuada relación entre la calidad y el precio.

Por último, y muy importante, incluye el derecho a las compensaciones por daños y perjuicios y establece los mecanismos y vías por las que se pueden tramitar las reclamaciones.

Ahora en Cuba los consumidores podrán exigir lo que debió ser un derecho de toda la vida: exigir que se les trate amablemente, no se les discrimine y no se les robe en la cantidad, el peso o el volumen de los artículos que adquieran.

Yalina Garbey, jefa de la dirección de Protección al Consumidor expresó al periódico oficial Granma que de forma mensual su departamento tramita de 70 a 80 quejas, de las que un 60 % tiene que ver con la insatisfacción de los clientes sobre los servicios y productos adquiridos.

Entre las más comunes se cuentan: la tardanza en la entrega de los productos subsidiados de la libreta de abastecimiento, la no devolución del cambio bajo cualquier excusa, la introducción de mercancía particular en los establecimientos estatales y el acaparamiento de productos en falta por parte de los tenderos para luego ofertarlos a los revendedores.

“La calidad de algunos servicios, sobre todo en lo que concierne al peso y el maltrato de los vendedores, así como las violaciones de los precios, concentran la mayor parte de los reclamos”, reconoció la jefa de la dirección de Protección al Consumidor del MINCIM.

Sin embargo, a pesar de que el maltrato en los establecimientos de Cuba es diario y exaspera a los ciudadanos que lo sufre; el país lleva 18 años trabajando en una nueva Ley de Protección al Consumidor… un período increíblemente largo para un problema tan grave.

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