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Producto a la latente posibilidad de que el polémico Título III de la Ley Helms-Burton sea reactivado por parte de la administración de Donald Trump, son varios los casos que […]

Producto a la latente posibilidad de que el polémico Título III de la Ley Helms-Burton sea reactivado por parte de la administración de Donald Trump, son varios los casos que han ido saliendo a la luz de algunos posibles demandantes que estarían interesados en reclamar las propiedades que les fueron confiscadas tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959.

Un ejemplo de esto ha sido el caso de la exigencia realizada por la compañía multinacional Bacardí, de origen cubano, la cual se encuentra exigiendo que se haga justicia a la confiscación de sus propiedades en la Isla hace más de 60 años.

“Bacardí, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas”, dijo la empresa al diario The Royal Gazette, en Bermudas, sede de la compañía.

Bacardí nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la revolución castrista. Desde 1965 la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico.

El citado Título III otorga protección sobre los derechos de propiedad en la Isla, algo que permite demandar a aquellos que “lucran” con propiedades que fueron confiscadas luego del triunfo de la Revolución.

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Según se ha podido conocer, el Departamento de Estado tiene en sus planes en caso de que se reactive el citado Título, el crear una “excepción parcial” que proteja a empresas estadounidenses y a algunos de sus aliados.

De acuerdo a las palabras del secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha podido conocer que la presunta reactivación de Titulo III quedará suspendida al menos durante un mes más, ya que esto responde a los intereses de los Estados Unidos y repercute en una aceleración del proceso de transición hacia una democracia en la Isla.

La posibilidad de reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton sale a luz como una medida a modo de represalia por el reciente apoyo brindado por la nación caribeña al gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis en la que se encuentra sumida Venezuela por estos días.

Cuba rechazó “en los términos más enérgicos” la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, a la vez que aseguró que “las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional”.

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